El 1° de octubre, la gran empresa minera Vale-Inco reinició la producción en su planta Clarabelle Mill, situada en Sudbury, Ontario, donde los trabajadores se hallan en huelga. Ésta es primera vez en los 60 años de Inco que se ha echado a andar la producción durante una huelga o cierre patronal.

En la actualidad, la administración de la empresa está trabajando para reiniciar las operaciones en una planta de fundición, como así también en las minas Garson Ramp y Coleman, empleando a 1.200 trabajadores de reemplazo.

La semana pasada, se reinició la producción sin ningún incidente. Para realizar el trabajo que había sido objeto de la huelga en Clarabelle, se contrató a algunos miembros del sindicato local 2020 de United Steelworkers (USW), que representa a trabajadores de oficina, administrativos y técnicos que laboran bajo un convenio laboral aparte, que por lo tanto no es afectado por la huelga. A consecuencia de esto, USW ha presentado un reclamo en el que acusa a la empresa de mandar bajo tierra a trabajadores de oficina no calificados. Acciones de esta naturaleza no sólo violan un estatuto laboral de la provincia de Ontario, sino que se considera sumamente inseguro y arriesgado.

Wayne Fraser 

Wayne Fraser, Director del Distrito Seis del USW, dijo que existe preocupación en el sindicato por la falta de seguridad de sus miembros, porque no tienen experiencia, ni tienen seguridad en el trabajo que están realizando. “Esto pone en peligro, no solamente la salud de estos trabajadores, sino también la salud de las personas alrededor de ellos”, afirmó.

Los trabajadores siderúrgicos en huelga, que alcanzan 3.500 en el norte de Ontario y en Port Colborne, igualmente de Ontario, como también en Voiseys Bay, Labrador, se enfurecieron al enterarse la semana pasada del reinicio patronal de producción. Otro incidente en Sudbury que también causó indignación fue el despido de tres empleados por supuesta mala conducta en el piquete.

John Fera, Presidente del sindicato local 6500 del USW en Sudbury manifestó su indignación por los despidos, en declaraciones para un noticiario local “Bienvenidos a la nueva Vale”. Se han calificado los despidos como un intento de parte de Vale-Inco de intentar imponer el miedo y la intimidación, justo cuando reinicia sus operaciones. Los trabajadores despedidos serán protegidos por el sindicato, seguirán recibiendo subsidios como huelguistas, y sus casos serán tratados en negociaciones cuando Vale-Inco decida reiniciarlas.

Fera regañó al Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, por no haber hecho ninguna declaración pública sobre el ataque que ha realizado la empresa brasileña contra el nivel de vida de los canadienses. “No he oído ni una sola palabra de nuestro Primer Ministro, ni una palabra del Ministro de la Industria, ni tampoco nada del gobierno provincial”, declaró al periódico Sudbury Star.

Los mineros y trabajadores de las plantas de fundición de Sudbury y Port Colborne paralizaron sus actividades el 13 de Julio, en su lucha por conservar pensiones de jubilación, una prima por producción del níquel, y una multitud de otras condiciones de trabajo, que incluyen restricción de la subcontratación por parte de la empresa. Las conversaciones sobre el convenio comenzaron el 7 de abril, pero, cuando vencía el convenio anterior a fines de mayo, no dieron por resultado un nuevo convenio colectivo para el sindicato local 6500 de Sudbury y el 6200 de Port Colborne.

John Fera 

Después de esto, Vale-Inco se negó a modificar su posición reduccionista en una extensión de seis semanas del convenio colectivo que venció el 12 de julio. El 1° de agosto, 450 mineros y trabajadores de una planta de fundición, miembros del sindicato local 9508 del USW en Voiseys Bay en el oriente de Canadá, que se hallaban bajo un convenio colectivo diferente, declararon una huelga por exigencias semejantes de reducciones que planteaba la empresa.

Las huelgas han adquirido un significado internacional como símbolo para que los sindicatos impidan que una empresa rentable aproveche la recesión mundial como pretexto para rebajar sus sueldos y condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.