Yao Fuxin, activista sindical de la China que en 2002 encabezó una protesta pacífica contra la corrupción que llevó a la quiebra una planta de fabricación del acero, fue liberado de la cárcel el día 16 de marzo. Cumplió en forma completa una condena de siete años por “subvertir el poder del estado”.

En marzo de 2003, después de un proceso de cuatro horas organizado rápidamente dos meses antes, Yao Fuxin y Xiao Yunliang fueron condenados a la cárcel por haber encabezado protestas de trabajadores que exigían el pago de sueldos atrasados y pensiones de jubilación en la planta de Liaoyang Ferroalloy en el noreste de la Provincia de Liaoning.

En marzo de 2002, unos 15.000 trabajadores de cinco plantas metalúrgicas, protestaron contra la corrupción del gobierno y de la administración en empresas estatales del cordón industrial del acero de la China. Un año antes, los trabajadores de la planta de Liaoyang Ferroalloy aseveraron que habían desaparecido 2.000 toneladas de mineral de hierro, produciendo quiebra de la empresa y falta de pago de sueldos y prestaciones sociales.

En marzo 2006, Xiao Yunliang, trabajador metalúrgico jubilado, fue puesto en libertad tan solo tres semanas antes de que se cumpliera su condena de cuatro años de cárcel.

Sin embargo, Yao Fuxin persistió a pesar de las duras condiciones de la cárcel No. 2 de Lingyuan; durante su condena sufrió dos infartos, un ataque de apoplejía, y le exponían constantemente, ante una ventana abierta, al frío del invierno. También le privaban el sueño. Los funcionarios de la cárcel mandaban a los demás prisioneros para que le pisotearan si se quedara dormido.

Cuando fue puesto en libertad la semana pasada, Yao Fuxin, que ahora tiene 63 años, no se manifestó arrepentido. “Lo que hice no tiene nada de malo,” dijo en una entrevista telefónica con un servicio de noticias, agregando que él y otros simplemente ejercían sus derechos de acuerdo a la constitución de la China. “No me arrepiento en absoluto. Lo que hice fue para proteger el interés del país y del pueblo, los derechos legítimos de los trabajadores.”