La lucha por el desmantelamiento de las leyes antisociales del trabajo en Australia ha comenzado finalmente, un año después de que un gobierno laborista sustituyera las desastrosas políticas económicas y sociales del ex Primer Ministro, John Howard. El 25 de noviembre, se presentaron a la Cámara de Diputados unas 650 páginas de modificaciones de las leyes laborales de Howard. “Fair Work Australia” que reemplaza el programa “WorkChoices” de Howard, está ahora en camino de convertirse en ley, ya que se presentará al Senado de Australia en 2009.

Los dirigentes de grupos minoritarios de la Cámara prometieron que no van a diluir el conjunto de medidas, sin embargo una combinación de los Tory, Family First e independientes han amenazado con presentar enmiendas que podrían hacer que la legislación final vuelva al programa de trabajo de Howard. La semana pasada, Kevin Rudd, Ministro del Trabajo, advirtió al Senado que no modificara la nueva legislación propuesta, y que la aprobara sin demora.

Esta legislación establece una Comisión “Fair Work” que reemplaza las seis agencies creadas por el gobierno de Howard, que fundamentalmente eliminaba los reglamentos sobre regulación de lugares de trabajo. “Fair Work” crea diez normas laborales nacionales, y presenta la negociación colectiva como principio fundamental de las relaciones entre los trabajadores y la administración de las empresas. Todavía están vigentes los acuerdos laborales individuales, llamados AWA en la jerga de la época de Howard, pero solamente como parte de los derechos civiles.

La legislación define con claridad los derechos de los trabajadores de tener representación, y acceso al arbitraje, aún para asuntos económicos, y otorga determinados derechos a los trabajadores eventuales. También establece una semana laboral de 38 horas, con cuatro semanas de vacaciones anuales, y permite la aplicación de programas de trabajo y condiciones flexibles. Además, establece un procedimiento estándar para aumentar regularmente el sueldo mínimo.

La mayoría de los grupos sectoriales se abstuvieron de hacer comentarios negativos sobre la legislación presentada ante la Cámara por Julia Gillard, parlamentaria y Comisionada de Relaciones Laborales. Sin embargo, una notoria excepción fue la Asociación Australiana de Minas y Metales. Sin tomar en cuenta las consecuencias del derrumbe económico para la producción y los puestos de trabajo, la Asociación tomó una posición inmoral, diciendo que el “Fair Work” crearía guerras entre diferentes sindicatos, reduciendo la productividad y eliminando puestos de trabajo.

En vista de los destrozos que el capital desregulado ha significado para cientos de millones de personas, notoriamente con las draconianas leyes laborales de Howard, los comentarios de la Asociación dejan en claro que mayor reglamentación en los lugares de trabajo y mayor protección para los trabajadores son parte de la solución para lograr una posición económica firme.

La Presidente del ACTU, Sharon Burrow

Sharon Burrow, Presidenta del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), central sindical que reunió a todos los sindicatos australianos para trabajar mancomunadamente para eliminar WorkChoices, calificó la legislación como “un logro importante, pero que no significa que ha terminado la lucha en defensa de mayores derechos. Los sindicatos siguen preocupados porque hay temas importantes que no se han terminado de estudiar.”

La legislación contiene cierta ambigüedad con relación al derecho de huelga, y también en lo que se refiere a la aplicación práctica de procedimientos de consultación y arbitraje. Además, el proyecto de ley actual no contiene la obligación de contar con tres avisos previos antes del despido que existía antes de la época de Howard. En vez de esto, se exige un solo aviso para que un despido sea legal. El criterio de despido se extiende a trabajadores que laboran en lugares de trabajo que tengan una plantilla de menos de 15 personas, con tal que hayan trabajado por un mínimo de 12 meses.

Una vez aprobados por el Senado, las nuevas y mejoradas normas sociales para lugares de trabajo estarán vigentes a partir del 1o de enero de 2010.